Activismocracia

La subida del precio de la luz ha desencadenado una nueva oleada de críticas al Gobierno… desde el propio Gobierno. Se suma a una larga lista de acusaciones de Unidas Podemos a la gestión de un poder estatal del que forma parte: la reforma de las pensiones, la Ley de Vivienda, el encarcelamiento de Juana Rivas, etc.

Esto me lleva a reflexionar una vez más sobre activismo y poder. Creo en el activismo como una buena herramienta de cambio social, capaz de impulsar ideas novedosas en la pirámide de la hegemonía. Pero a la vez el Gobierno, las empresas y los medios hacen gala de un compromiso activista. ¿Qué implica esta contradicción?

El activismo explota la estrategia David contra Goliat: un actor pequeño contra otro grande. De ese modo se gana la simpatía del público, inclinado a posicionarse con el débil, y apuntala la esencia de toda confrontación política, un relato de buenos-malos¹. Como en un arte marcial, el activismo usa la fuerza e inercia del gigante para derribarlo con un pequeño movimiento. Esto se traduce en aprovechar la ubicuidad de los símbolos y flujos de comunicación del poder hacia el Pueblo para volverlas contra sí mismas. El activismo es valioso en tanto que exista un poder al que retar.

Los grupos activistas son inquisitivos, otean las grietas del sistema y operan en las lindes de las percepciones comunes. Las élites, por el contrario, han de legitimarse ante la toda la ciudadanía, y se presentan como dialogantes, tolerantes e inclusivas. El activismo expone problemas, el poder ha de proponer soluciones. Por ello es frecuente que cuando un partido gana unas elecciones exprese que gobernará para quienes le han votado y para quienes no (aunque luego solo gobierne para la plutocracia).

En el activismo gana el idealismo frente a la comodidad: se invierte tiempo, esfuerzo y dinero, y cuando cuestiona realmente un precepto hegemónico se enfrenta incluso a persecución judicial, además de al desprecio de gran parte de la población. Este idealismo no suele estar exento de autocomplacencia, necesaria para llevar la causa a buen puerto, pero peligrosa cuando la reivindicación ha tenido éxito.

Esta, creo, es la cuestión. No es infrecuente que un grupo activista llegue al poder cuando las fases de la pirámide de la hegemonía se suceden muy rápido, por ejemplo por un cambio tecnológico como las redes sociales. Entran entonces en conflicto las cualidades del activismo con las del gobierno. El caso más honesto es el Che: lo suyo era el fusil y la selva, no el maletín y el despacho, de modo que dejó rapidamente el Ministerio de Industrias cubano para continuar intentando derrocar regímenes. En cambio el castrismo se mantiene, 60 años después de su llegada al poder, haciendo de la revolución su establishment particular.

En ese sentido, el caso de Unidas Podemos, grupo al que las ultrarracionalistas hemos apoyado mientras estaba en la oposición, es paradigmático. Desde el Gobierno convocan manifestaciones, lanzan proclamas incenciarias, insultan a gran parte de la población llamándole «machista» o interfieren en las decisiones judiciales. Se mantienen en el relato efectista de buenos-malos, que en nuestro tiempo se traduce en víctimas-opresores. Juegan la baza de defender a las víctimas desde una posición en que ellas son las opresoras.

Las víctimas son el sujeto político privilegiado e incuestionado de nuestro tiempo. Conforman un santoral laico en cuya defensa la élite encuentra una efectiva forma de legitimación. Como analizábamos anteriormente, de su mano el activismo se configura como una estrategia de marketing más, ejemplificado de modo irónico por el hipster que iba en bici, era vegano y «salvaba ballenas» pero que a la vez votaba al PP. Veíamos los ejemplos de compañías como L’Oreal, El País o AirBnb, que usan a mujeres, homosexuales o negros para predisponer a su mensaje de ventas. Como concluíamos, su «compromiso» solo es viable porque esos colectivos ya están ampliamente reconocidos. No lo hacen, por ejemplo, con un gitano o un migrante económico.

La ciudadanía, en su voluntad de actuar bien, defiende a estos colectivos, sin darse cuenta que no están más que sometidos al mensaje que los equipos de marketing y los medios burgueses preparan para ella, cayendo en lo que llamamos anacroactivismo. En ese sentido, las personas que hoy condenan la homofobia son las mismas que hace unas décadas condenarían la homosexualidad: puritanos al servicio de la hegemonía, pero sin duda guiadas por el mismo impulso bienhechor. Apoyan a un Goliat que se presenta como David.

Es un gran adelanto social la inclusión de todos esos colectivos en la vida diaria, y el activismo cultural y político de las últimas décadas es responsable de este éxito. Pero hay que tener cuidado. Las víctimas siempre han sido una golosina para el poder, porque en su nombre la ciudadanía está dispuesta a renunciar a derechos básicos como la presunción de inocencia o la libertad de expresión. Y cuando el Gobierno, las empresas y los medios burgeses se hacen con ese mensaje (de la misma manera que el castrismo se hace con el mensaje de la revolución) hay que decir siempre un «sí, pero». Una asociación no puede decirse «anticapitalista y revolucionaria» cuando recibe 43.000 euros del Gobierno.² Su reivindicación es ya pura autocomplacencia, y su revolución más bien ha pasado a engrosar las filas de las fuerzas consevadoras y reaccionarias.